El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena fue apartado de la causa en la que investiga el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, sindicalistas, periodistas y jueces. Esto abre la puerta a las defensas a presentar una tormenta de nulidades de todo el expediente y reclamos de excarcelación. Fuentes judiciales informaron a Infobae que la decisión la tomó el juez de la Cámara Federal de La Plata Roberto Lemos Arias ante la recusación planteada por las defensas de tres ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detenidos, que ayer fueron indagados. De hecho, Susana Martinengo, la ex funcionaria de Cambiemos que esta presa desde el lunes pasado, había estado en el juzgado hasta las 2 de la madrugada de este viernes, pero su indagatoria no había terminado. Hoy también tenía que ser indagado Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI y responsable del grupo “SuperMarioBross”. Ahora, todo queda frenado. La causa pasará al otro juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, que investigada otro caso de espionaje ilegal. Es es el que se hizo sobre el Instituto Patria de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona que intervenía en las dos causas. De esta manera, aunque se trata de dos causas diferentes, los dos expedientes abiertos en esos tribunales por el espionaje en la era de Mauricio Macri quedarán concentrados en las mismas manos. Villena fue apartado porque la investigación de espionaje ilegal “guardan estrecha relación con las medidas que fueron adoptadas” por el propio juez en otros dos expedientes. Se trata de un expediente de 2017 que se inicio a instancias de la AFI para hacer tareas de inteligencia ante el G-20 que se iba a realizar el año siguiente en Buenos Aires. Por ese aval fue espiado el Instituto Patria. Y la segunda causa es de 2016 y se investigada a Mario Segovia, el llamado “Rey de la efedrina”. Villena autorizó poner una cámara de filmación en su celda, micrófonos en otros sectores de la cárcel de Ezeiza y seguir sus movimientos. Esa decisión pudo ser el inicio del espionaje ilegal a ex funcionarios kirchneristas y empresarios detenidos. El resultado de esas escuchas -sobre personas que no eran el foco de la investigación inicial- quedaron plasmadas en la llamada “Operación Puff”, un expediente que se impulsó cuando nacía el caso D’Alessio en Dolores. “El juez Federico Villena, como instructor de las causas referidas, era el encargado de controlar y evaluar la legitimidad y el alcance de las medidas ordenadas, por lo cual se encuentra justificado el temor de parcialidad alegado por los recusantes y el pedido de que no quede a cargo de la investigación de las actividades ilícitas derivadas -en parte- de las medidas que él mismo dispuso”, sostuvo el camarista Lemos Arias en su resolución. Y agregó: “Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas”. El apartamiento de Villena se da cuando había tomado la decisión más trascendente en la causa desde su inicio, en febrero pasado. La detención de 22 personas, entre ex agentes de la AFI y la Susana Martinengo, ex funcionaria del gobierno. Los acusados comenzaron a ser indagados el miércoles, siguieron ayer y continúan hoy. (Maximiliano Luna) La decisión de apartar a Villena no impacta sobre esas decisiones y otras que tomó el juez que se mantienen vigentes. El nuevo magistrado del caso podrá revisarlas pero el fallo de la Cámara no implican su nulidad. No obstante, los abogados defensores ya estaban preparando escritos pidiendo nulidades y excarcelaciones, teniendo en cuenta que las detenciones se ordenaron cuando el juez ya había sido cuestionado ante sus superiores. El apartamiento del juez lo habían solicitado Fernando Sicilia, abogado de Leandro Araque y Facundo Melo, y Alfredo Oliván, defensor de Jorge “Turco” Sáez. Los tres ex agentes fueron indagados ayer y continúan detenidos. La recusación fue planteada el 5 de junio. Justamente el día en que el juez Villena decidió citar como víctimas a la vicepresidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex presidente Eduardo Duhalde y los gremialistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. La investigación apunta a saber si desde el Estado Nacional se habría espiado a jueces, periodistas, religiosos, empresarios, gobernadores y hasta ex presidentes. Los datos los aportó un narcotraficante que confesó cómo un agente de la AFI le encargó llevar un paquete bomba a la casa de un ex funcionario. La bomba no explotó. Era solo un “susto”. El “narco” se llamaba Sergio “Verdura” Rodríguez y fue el que, al ser detenido y buscar mejorar su situación procesal, terminó dando inicio a esta causa que sacudió al mundo político. Como la última fecha de un torneo de fútbol en la que hay que mirar qué pasa en distintas canchas, la causa por el espionaje ilegal se jugaba en tres escenarios. Primero en Lomas de Zamora, donde el lunes pasado el juez ordenó 22 detenciones; en Comodoro Py, donde el fiscal de Guillermo Marijuan reclama todo el expediente después de resistir el envio de la causa por el atentado al ex funcionario José Luis Vila; y en la Cámara Federal de La Plata, donde ya estaba presentada la recusación de Villena. Allí, los abogados de Melo, Araque y Sáez sostuvieron que Villena no podía “ser juez y parte en un mismo proceso” y recordaron que la grabación que le hicieron a Alan Ruiz demostraba que la AFI se movía con la cobertura de Villena. También se quejaron de las sucesivas prórrogas en el secreto de sumario. Villena rechazó la recusación. Dijo que esas aseveraciones eran meramente especulativas. Aseguró que “no resulta un argumento suficiente para cuestionar su imparcialidad el interpretar de manera maliciosa las tareas que resultan inherentes a cualquier pesquisa de crímenes complejos y que podrían ser dispuestas por cualquier magistrado”. Pero la Cámara Federal hizo un repaso: considero que se encontraba “suficientemente fundado el temor o sospecha de parcialidad invocado por las partes recusantes respecto a la intervención del juez Villena en la presente causa”. Según afirmó Lemos Arias, “el juez recusado no se halla en la posición de imparcialidad necesaria para seguir al frente de la investigación y para decidir sobre los hechos que son objeto de pesquisa”. El fallo representa un golpe para Villena que había jugado fuerte con el avance de la investigación, los allanamientos y las detenciones. La presencia de Cristina Kirchner abriendo la saga de víctimas por el juzgado se interpretó como un respaldo a su investigación, sobre todo porque vino precedida de un vídeo que cuestionaba a Comodoro Py. Pero en la causa también se convirtieron en querellantes los miembros de la oposición que fueron espiados: Rodríguez Larreta, Santilli, Wolff, Monzó, Massot y Vidal. El allanamiento del jueves al secretario privado de Mauricio Macri Darío Nieto marcó un punto de inflexión en el escenario político del Juntos por el Cambio en donde hasta hubo una solicitada, con la firma inicial del propio Macri, respaldando al joven que aseguró en la prensa que su imputación era una forma de golpear a su jefe.